SOY SARA
Soy Sara y tengo dos hijas, la mayor de siete años y la pequeña de cinco.
No he podido verlas, ni escucharlas, ni hablar con ellas durante casi dos años y medio, los peores de mi vida. “Mi mamá está castigada” es la frase que mi hija mayor le dijo al equipo psicosocial de Badajoz el 10 diciembre de 2019, después de 8 meses sin contacto conmigo. Tenía razón. He sido castigada, hostigada, maltratada, primero por mi expareja y después por todo el sistema de protección al que acudí sin quererlo, pues fue el médico de familia quien inició el procedimiento por violencia de género el mismo día que decidí separarme.
En las visitas a su padre mi hija mayor empezó a presentar indicios y a verbalizar que estaba siendo abusada. La veracidad de sus manifestaciones ha sido acreditada y se recoge en diversos informes de profesionales y otros documentos a lo largo de este proceso judicial. Yo la he creído siempre y la he intentado proteger por todos los medios, por eso interrumpí las visitas, aconsejada por los profesionales.
Sin haber sido notificada de que tenía que entregarlas, ni dónde, ni cuándo, el 10 de abril de 2019 me arrancaron a mis hijas. Mi hija mayor tenía entonces 4 años y mi hija pequeña algo más de 2 años y medio. Me las arrebató de manera brutal la policía de la UFAM, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer que, se supone, es la especializada en Extremadura (España) para atender a las mujeres víctimas de violencia de género.
Tras detenerme con mi hija pequeña en el juzgado, cuando iba a recoger una documentación, me condujeron a la comisaría de Badajoz donde, mientras recibía un trato vejatorio, escuché como llegaba el padre de la mayor (la pequeña no tiene ninguna relación de parentesco con él) y oí los gritos de mis hijas, llamándome desconsoladas, y su llanto cuando las metían en su coche. Entregaron a mis hijas a un desconocido para la pequeña y por el que la mayor sentía miedo. Tal y como ella había expresado a su pediatra y a otras profesionales, y como tantas veces me había dicho a mí, no quería estar con él. Lo que mis hijas han manifestado ante algún profesional o equipo psicosocial nunca se ha tenido en cuenta.
Hasta el 1 de agosto de 2021 que se iniciaron las visitas de una hora a la semana vigiladas en el punto de encuentro no he podido volver a ver a mis hijas, ni a hablar con ellas a pesar de no existir ninguna orden de alejamiento ni de incomunicación…ese hombre no me lo ha permitido a pesar de habérselo rogado de todas las maneras posibles. Y durante estos meses en el punto de encuentro sigue poniendo impedimentos para que forme realmente parte de la vida de mis hijas, su fin es que no exista para ellas. Cumplió su amenaza de no permitirme volver a verlas, la amenaza con la que él, reiteradamente, me paralizaba y hacía que no saliera huyendo del infierno en el que me encontraba durante los años que viví de maltrato… Sus abuelos pudieron empezar a verlas en el punto de encuentro el 24 de enero de 2021, pero tenían prohibido nombrarme, bajo amenaza de retirarles las visitas. El bien superior de mis hijas no está ni ha estado en el centro de ningún procedimiento judicial, ni de ningún otro sistema de protección.
Acusada de secuestro
Acusada de secuestro, he sido condenada a 4 años de prisión, 4 de inhabilitación de la patria potestad de mis hijas, incluso de la pequeña sin filiación paterna reconocida, y a 15.000 euros de indemnización por daño moral. Soy inocente. He sido castigada por proteger a mis hijas. No podría haber hecho otra cosa.
De nada ha servido demostrar en el juicio celebrado en enero de 2021, con más de una quincena de testigos y con una extensa documentación acreditativa, que mis hijas siempre habían estado conmigo, que residíamos en el mismo sitio, que hacíamos vida completamente normal, que él nos veía por la calle, que mis hijas estaban perfectamente, que mi hija pequeña no tiene ninguna relación de parentesco con el padre de mi hija mayor… De nada ha servido.
El juicio de las medidas definitivas de guarda y custodia se celebró el 18 de junio de 2021 en Zafra. Habiendo sido condenada por secuestro, aunque no es firme, sólo me han permitido ver a mis hijas en el punto de encuentro en un régimen de visitas supervisadas, inicialmente de una hora a la semana los domingos, que a partir de diciembre de 2021 se aumentaron a dos horas junto con mis padres, y tras tener que luchar para que me concedieran un segundo día como se establecía en sentencia a partir de febrero de 2022 si los informes eran favorables, no nos ha sido fácil que nos permitieran vernos, a partir de marzo de 2022, también los miércoles una hora, todo por los obstáculos que ponía la parte contraria. A pesar de que los servicios sociales en enero de 2022 han emitido un informe muy positivo para progresar en las visitas, y que puedan establecerse fuera del punto de encuentro, desde el juzgado de Zafra no ha habido respuesta alguna.
Una condena injusta por proteger a mis hijas
El día 8 de abril de 2022 me ha sido notificada la sentencia del Tribunal Supremo en que estiman parcialmente el Recurso de Casación interpuesto por dos delitos de Sustracción, uno por cada una de mis hijas, y resuelve que me condena en firme por un delito de Sustracción con dos años de cárcel, en vez de cuatro, pero mantiene los cuatro años de inhabilitación de la patria potestad de mis dos hijas, a una indemnización de 15000 euros por daños morales por denunciarlo falsamente por abusos cuando los procedimientos de abusos sexuales se iniciaron por partes de oficios emitidos desde el Servicio Extremeño de Salud por los pediatras que valoraron a mi hija, son procedimientos que están archivados provisionalmente, y en ningún caso fue objeto de valoración en el juicio de sustracción. Y también he sido condenada a pagar la mitad de las costas.
Se trata de una sentencia ideológica, no ajustada a derecho, que se basa en juicios de valor, sin tener en cuenta para nada el contexto. Me condenan reconociendo que queda acreditado que hacíamos vida normal y que mis hijas estaban bien, que residíamos en el mismo sitio…me condenan por no cumplir una resolución judicial dentro de una medidas provisionales de guarda y custodia que no era firme, ni estaba ejecutada, emitidas dentro de un procedimiento civil plagado de irregularidades donde dos juezas han sido sancionadas por el CGPJ por falta muy grave, culminando con una detención ilegal que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo días antes de la notificación de la resolución del Recurso de Casación (4 de abril de 2022). Es más, la resolución que supuestamente he incumplido y por la que me condenan es de la misma resolución que él incumplió porque no podía llevarse a mis hijas fuera de la ciudad donde residíamos, y lo hizo desde el primer momento pero en su caso no prosperó la denuncia de desobediencia por no existir ejecución.
Tampoco tienen en cuenta que durante la fase de Instrucción del procedimiento de Sustracción, la jueza de Instrucción emitió dos autos donde decía que no entregara a mis hijas por el bien superior de las menores ni procedía a mi detención como reiteradamente solicitaba la otra parte. Estos autos de fecha de 17 de diciembre de 2018 y 12 de febrero de 2019, no han sido en ningún momento tenidos en cuenta ni en Penal, ni en la Audiencia Provincial, ni en T. Supremo.
Indefensa ante la justicia
La sensación que tengo es de absoluta indefensión, de que me han condenado sabiendo que soy inocente, y que es un castigo ejemplarizante. Al privarme de la patria potestad de mis hijas, he perdido cualquier opción de recuperarlas, temo incluso que puedan suspender el régimen de visitas supervisadas en el punto de encuentro que es lo único que me van a permitir para poder verlas a pesar que las visitas es un derecho de mis hijas y es independiente de la patria potestad, al igual que la pensión de manutención, que aunque fuera a prisión o me suspendieran las visitas debo seguir abonando 700 euros mensuales hasta que mis hijas se emancipen.
Actualmente estoy pendiente de saber si me permitirán no entrar en prisión al no tener antecedentes y ser la condena de dos años de cárcel, y de iniciar de nuevo la investigación por un posible delito de torturas por parte de la policía de la UFAM. El Tribunal Constitucional el 8 de febrero de 2022 estimó el Recurso de Amparo que presentamos y resolvió que los hechos que denuncié en su momento son constitutivos de un posible delito de torturas y que deben investigarse, y remitió a los Juzgados de Badajoz para que reabrieran el procedimiento que se encontraba archivado.
Sé que soy inocente, por eso sólo me queda contar mi historia, que increíblemente es la de muchas otras mujeres, para sensibilizar y movilizar a la sociedad. Y confiar en que alguna medida me permita volver a estar realmente presente en las mis hijas, no sólo unas horas semanales en un entorno artificioso sin intimidad ninguna, con temor a qué decir y qué a hacer, y el reestablecer de nuevo vínculo con ellas y que no se las condene a no tener madre cuando sí la tienen. Soy su madre.
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Mamá está castigada surge como respuesta a la situación que viven Sara y sus hijas.