La historia de Sara
«Soy Sara y tengo dos hijas, la mayor de siete años y la pequeña de cinco. No he podido verlas, ni escucharlas, ni hablar con ellas durante casi dos años y medio, los peores de mi vida»
“Mi mamá está castigada” es la frase que mi hija mayor le dijo al equipo psicosocial de Badajoz el 10 diciembre de 2019, después de 8 meses sin contacto conmigo. Tenía razón. He sido castigada, hostigada, maltratada, primero por mi expareja y después por todo el sistema de protección al que acudí sin quererlo, pues fue el médico de familia quien inició el procedimiento por violencia de género el mismo día que decidí separarme.
En las visitas a su padre mi hija mayor empezó a presentar indicios y a verbalizar que estaba siendo abusada. La veracidad de sus manifestaciones ha sido acreditada y se recoge en diversos informes de profesionales y otros documentos a lo largo de este proceso judicial. Yo la he creído siempre y la he intentado proteger por todos los medios, por eso interrumpí las visitas, aconsejada por los profesionales.
Sin haber sido notificada de que tenía que entregarlas, ni dónde, ni cuándo, el 10 de abril de 2019 me arrancaron a mis hijas. Mi hija mayor tenía entonces 4 años y mi hija pequeña algo más de 2 años y medio. Tras detenerme con mi hija pequeña en el juzgado, cuando iba a recoger una documentación, me condujeron a la comisaria de Badajoz donde, mientras recibía un trato vejatorio, escuché como llegaba el padre de la mayor (la pequeña no tiene ninguna relación de parentesco con él) y oí los gritos de mis hijas, llamándome desconsoladas, y su llanto cuando las metían en su coche. Entregaron a mis hijas a un desconocido para la pequeña y por el que la mayor sentía mIEDO.
Hasta el 1 de agosto de 2021 que se iniciaron las visitas de una hora a la semana vigiladas en el punto de encuentro no he podido volver a ver a mis hijas, ni a hablar con ellas a pesar de no existir ninguna orden de alejamiento ni de incomunicación. Ese hombre no me lo ha permitido a pesar de habérselo rogado de todas las maneras posibles. Cumplió su amenaza de no permitirme volver a verlas, la amenaza con la que él, reiteradamente, me paralizaba y hacía que no saliera huyendo del infierno en el que me encontraba durante los años que viví de maltrato. Sus abuelos pudieron empezar a verlas en el punto de encuentro el 24 de enero de 2021, pero tenían prohibido nombrarme, bajo amenaza de retirarles las visitas.
De nada ha servido demostrar en el juicio celebrado en enero de 2021, con más de una quincena de testigos y con una extensa documentación acreditativa, que mis hijas siempre habían estado conmigo, que residíamos en el mismo sitio, que hacíamos vida completamente normal, que él nos veía por la calle, que mis hijas estaban perfectamente, que mi hija pequeña no tiene ninguna relación de parentesco con el padre de mi hija mayor… De nada ha servido.
El día 8 de abril de 2022 me ha sido notificada la sentencia del Tribunal Supremo en que estiman parcialmente el Recurso de Casación interpuesto por dos delitos de Sustracción, uno por cada una de mis hijas, y resuelve que me condena en firme por un delito de Sustracción con dos años de cárcel, en vez de cuatro, pero mantiene los cuatro años de inhabilitación de la patria potestad de mis dos hijas, a una indemnización de 15000 euros por daños morales por denunciarlo falsamente por abusos cuando los procedimientos de abusos sexuales se iniciaron por partes de oficios emitidos desde el Servicio Extremeño de Salud por los pediatras que valoraron a mi hija, son procedimientos que están archivados provisionalmente, y en ningún caso fue objeto de valoración en el juicio de sustracción. Y también he sido condenada a pagar la mitad de las costas.
La resolución que supuestamente he incumplido y por la que me condenan es de la misma resolución que él incumplió porque no podía llevarse a mis hijas fuera de la ciudad donde residíamos, y lo hizo desde el primer momento pero en su caso no prosperó la denuncia de desobediencia por no existir ejecución.
La sensación que tengo es de absoluta indefensión, de que me han condenado sabiendo que soy inocente, y que es un castigo ejemplarizante. Al privarme de la patria potestad de mis hijas, he perdido cualquier opción de recuperarlas, temo incluso que puedan suspender el régimen de visitas supervisadas en el punto de encuentro que es lo único que me van a permitir para poder verlas a pesar que las visitas es un derecho de mis hijas y es independiente de la patria potestad, al igual que la pensión de manutención, que aunque fuera a prisión o me suspendieran las visitas debo seguir abonando 700 euros mensuales hasta que mis hijas se emancipen.
Actualmente estoy pendiente de saber si me permitirán no entrar en prisión al no tener antecedentes y ser la condena de dos años de cárcel, y de iniciar de nuevo la investigación por un posible delito de torturas por parte de la policía de la UFAM. El Tribunal Constitucional el 8 de febrero de 2022 estimó el Recurso de Amparo que presentamos y resolvió que los hechos que denuncié en su momento son constitutivos de un posible delito de torturas y que deben investigarse, y remitió a los Juzgados de Badajoz para que reabrieran el procedimiento que se encontraba archivado.
Sé que soy inocente, por eso sólo me queda contar mi historia, que increíblemente es la de muchas otras mujeres, para sensibilizar y movilizar a la sociedad. Y confiar en que alguna medida me permita volver a estar realmente presente en las mis hijas, no sólo unas horas semanales en un entorno artificioso sin intimidad ninguna, con temor a qué decir y qué a hacer, y el reestablecer de nuevo vínculo con ellas y que no se las condene a no tener madre cuando sí la tienen.
Soy su madre.
